El diputado provincial Gustavo Pulti pidió saber “quién pidió las coimas” a empresarios pesqueros para renovar la cuota de pesca de merluza, al aludir a una versión que comenzó a circular en las últimas horas-
El diputado se presentó ante la Secretaría de Pesca, la Cancillería y el Consejo Federal Pesquero invocando la ley 27.275 de Acceso a la Información. “Si no desmienten la gravísima denuncia que está en los medios que lo informan, están encubriendo corruptos”, dijo.
“El Consejo Federal Pesquero tuvo que frenar la asignación de las nuevas cuotas. Se están metiendo con el trabajo de los marplatenses”, manifestó.
El diputado provincial presentó tres pedidos de acceso a la información pública en tres ámbitos críticos relacionados con la asignación de cuotas pesqueras. “Según señalan distintos medios de comunicación, la denuncia que se radicó en la Embajada de Estados Unidos es grave: se pidieron coimas por 15 millones de dólares para renovar cuotas de captura pesqueras. Si no se desmiente y se aclara la situación debemos entender que se está encubriendo a los corruptos que buscan enriquecerse ilícitamente con los recursos pesqueros del país”, remarcó Pulti.
De acuerdo a la versión, la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, denunció ante la Embajada de los Estados Unidos la existencia de actos de corrupción por parte de agentes del gobierno nacional. Durante las negociaciones acerca de la renovación de las capturas de pesca, se les solicitó una coima de 15 millones de pesos.
“Les solicitamos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que brinden explicaciones sobre cuáles han sido las medidas adoptadas en el marco del proceso de renovación de las Cuotas Intransferibles de Captura cuyo vencimiento opera el 31-12-2024, qué funcionarios han sido designados para intervenir y llevar adelante el proceso de renovación de las CITC en curso, si han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma Iberconsa ante la Embajada de los Estados Unidos respecto de la existencia de actos de corrupción efectuados por agentes del Gobierno Nacional y cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”, contó.
Respecto de la Cancillería, la solicitud pregunta “si se han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del gobierno nacional que intervinieron en los referidos actos de corrupción, si las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos comunicaron al Ministerio de la situación denunciada y si se han activado los mecanismos de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”.
La ley 27.275 de Acceso a la Información Pública reconoce el derecho de acceso a los documentos administrativos provenientes de los órganos del Estado Nacional y sus dependencias descentralizadas a quienes invoquen un interés legítimo. “El interés en nuestros recursos pesqueros estratégicos, en el trabajo de los marplatenses y en el encubrimiento de hechos de corrupción son más que legítimos para que la información sea pública y transparente. Queremos saber quién pidió las coimas, y qué piensan hacer al respecto”, afirmó Pulti.
En la presentación al Consejo Federal Pesquero, que no es acusado en este marco, la información que se solicita es “respecto de las medidas tomadas y si efectivamente se resolvió suspender la continuidad de los procedimientos de renovación de las cuotas como consecuencia de los hechos de corrupción denunciados. Se comete un delito grave, se afectan los intereses estratégicos y se perjudica a todo el sector pesquero”, finalizó el diputado.
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