Luego de los allanamientos del miércoles y de la demolición total de la Feria de la Bristol se conocieron algunos detalles de la investigación. La labor del juez Inchausti se enfoca en la infracción a la ley de marcas y en el manejo de dinero sin registro legal.
La Feria de la Bristol era una máquina de generar dinero. Tal vez en esa fecundidad radique la protección que tuvo durante un cuarto de siglo, siempre escudada al borde de lo deshonesto en la necesidad de la gente: los feriantes para ganarse el pan y los clientes de bajos recursos para comprar más barato.
Al margen de cuestiones estéticas y urbanísticas -a muchos no le agradaba la contaminación visual que causaba su ubicación- lo cierto es que siempre sobrevoló la sensación e incluso la certeza de que la informalidad de los puestos y de la mercadería que comerciaban podía ocultar un delito. Y que las condiciones que se le exigían a los feriantes para trabajar, para obtener un permiso, también.
La investigación desarrollada por la Justicia Federal a partir de la denuncia presentada el 27 de noviembre de 2024 por Bernardo Martín, entonces titular del Emtur, logró reunir evidencias que podrían confirmar esas sospechas. Por ese motivo fue que el juez Santiago Inchausti ordenó el miércoles un allanamiento en el paseo de compras de la playa Bristol, a tres locales del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) en la galería de Luro 3050 y en dos domicilios particulares vinculados al secretario gremial, Walter Rivero.
De acuerdo a las tareas de inteligencia llevadas a cabo en el último año, con especial atención en la temporada de verano 25/26, la Feria era gestionada por el SIVARA y, particularmente, por el propio Rivero. Fue durante los preparativos del período estival y los meses de temporada alta que se constataron pagos millonarios de parte de los feriantes para disponer de un puesto.
En un informe presentado por Prefectura Naval Argentina el pasado 5 de marzo, se describió cómo Rivero, en el local 42 de la galería Luro 3050, explicaba a supuestos interesados los “pormenores operativos” para instalar puestos de venta. También la intervención telefónica efectuada en el dispositivo de Rivero arrojó información importante para los investigadores: la organización sindical percibía un canon de hasta 5 millones de pesos por puesto, transacción que se realizaría mediante compromisos verbales y sin documentación fiscal.
En una comunicación de enero de este año, un hombre le reclamó a Rivero una cuestión de competencia de rubros en la feria y pidió una solución porque había pagado “9 palos” por trabajar la temporada.
Acerca del autor
