Recientemente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en conjunto con las Direcciones Generales Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social, llevaron a cabo una serie de operativos conjuntos en el mercado inmobiliario y de la construcción en el país. Estos operativos se centraron en la recolección de información y el control de la registración de empleados en obras de construcción, así como en la fiscalización de inversores y escribanos.
Como resultado de estos operativos, se identificaron 188 inversores relevantes que, pese a estar inscriptos ante la AFIP, operan únicamente como monotributistas. Además, se detectaron 135 sujetos que operan fuera del sistema formal, de los cuales 80 no poseen número de CUIT y 55 no están registrados en impuestos, habiendo invertido en conjunto una suma de 6.000 millones de pesos.
En cuanto a la registración de los trabajadores en el sector de la construcción, los operativos arrojaron resultados preocupantes: más del 50% de los trabajadores presenta algún tipo de irregularidad en su situación laboral. De este porcentaje, un 20% se encuentra completamente sin declarar, mientras que el restante 30% percibe parte de su salario de manera informal. Estas cifras reflejan la persistencia del trabajo no registrado en la construcción, un problema que afecta tanto a los derechos laborales de los trabajadores como a la recaudación fiscal.
En relación con la situación laboral en Misiones, Héctor Vallejos, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en la provincia, brindó un panorama sobre el empleo informal. En ese sentido destacó la importancia de la registración laboral, subrayando que el empleo registrado garantiza a los trabajadores no solo un salario acorde a la ley, sino también el acceso a aportes jubilatorios y a servicios de obra social.
Blanqueo laboral
La reciente reforma laboral, aprobada en la Ley Bases a fines de junio, busca promover el empleo registrado en Argentina mediante un conjunto de beneficios destinados a los empleadores que decidan blanquear a sus trabajadores. Esta iniciativa tiene como objetivo regularizar las relaciones laborales en el sector privado, especialmente aquellas iniciadas con anterioridad a la promulgación de la ley.
Entre los principales beneficios que podrán obtener las empresas se destacan la extinción de la acción penal, la condonación de multas, infracciones y sanciones correspondientes, así como la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Además, se condonará la deuda por falta de pago de aportes y contribuciones a distintos sistemas de seguridad social, como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Régimen Nacional de Seguro de Salud.
La reglamentación de la ley, que será oficializada en los próximos días, determinará los porcentajes exactos de condonación, los cuales no podrán ser inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), estos porcentajes podrían llegar hasta el 90% en el caso de la deuda por aportes y contribuciones, siempre y cuando el pago se realice al contado. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también implementaría un plan de pagos en cuotas, aunque no con tasas subsidiadas.
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