Un grupo de aproximadamente 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno nacional quedó bajo la lupa tras obtener créditos hipotecarios en el Banco Nación con una celeridad asombrosa. Aunque la operación no califica inicialmente como un delito, el caso señaló un aprovechamiento de cargos para saltear listas de espera y acceder a montos de hasta 340.000 dólares con las tasas más bajas del mercado.
El origen de este privilegio se remonta a septiembre de 2024. Bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman —vicepresidente de la entidad y allegado a sectores políticos de peso—, el banco aplicó un cambio estratégico en la resolución 802, referida a los «empleados del sector público».
En la Sección I de las Condiciones Generales, la entidad insertó un párrafo aclaratorio que amplió de forma determinante el universo de beneficiarios posibles. «Así mismo se incluyen a las (personas) que perciban ingresos del Sector Público no incluidos en las actividades habituales, como por ejemplo (…) cargos políticos designados por resolución o electivos».
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