En el caso de los servicios por plataformas, el Gobierno considera que hay muchísimo por hacer. Por eso, busca regular las condiciones de sus trabajadoresLos números impactan: Rappi tiene 80 mil repartidores, Pedidos Ya 40 mil, Uber cuenta con unos 400 mil conductores, Didi 350 mil y Cabify unos 100 mil. Muchos se entrecruzan, según las empresas, pero también todos los días cientos «colaboradores» se van sumando a tiempo parcial. Es un universo laboral en sí mismo, que necesita regulación y se busca solucionar a través de la reforma laboral.
Entre esos que se suman, la mayoría son taxistas, o personas momentáneamente fuera del mercado laboral.Desde que Javier Milei asumió, 300 mil personas quedaron fuera del mercado laboral privado, y otras 70 mil perdieron sus puestos en el Estado.
Crear empleos y reducir la informalidad: las dos metas del Gobierno con la reforma laboral
El Gobierno apunta a revertir dos problemas graves con la reforma laboral: crear empleos y reducir la informalidad laboral.
«Sería un paquete destinado a permitir que una Pyme tome un empleado con un simple trámite digital, y que se empiecen a blanquear miles de empleos, muchos de los cuales los desarrollan extranjeros», explicó a iProfesional uno de los especialistas que trabajan en el tema.Es notorio que miles de venezolanos que llegaron a la Argentina en los últimos años desarrollan tareas en aplicaciones o en el rubro comercio. Basta con caminar un poco la calle para verificarlo.
El Gobierno busca que haya un blanqueo importante de la economía a partir de brindar un marco laboral «claro, simple y de bajo costo», explican cerca de la Casa Rosada.
El diagnóstico es dramático: la Argentina hace 10 años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal.Por eso, se busca formalizar a la gente para que tenga su protección de jubilación y obra social, aunque sea mínima.
El Gobierno sigue con atención otro tema: miles de trabajadores formales no solo están bajo la línea de pobreza, sino que dejaron de abonar sus prepagas, cuyos servicios se dispararon una vez que se desreguló el sistema de salud, y ahora representan una carga extra para el hospital público.
Industria del juicio y convenios colectivos: dos temas que pondrán sobre la mesa
El Gobierno le apunta, además, a la industrial del juicio. La acusa ser responsable de que no se tomen nuevos trabajadores, y en especial hace eje en la familia Recalde y sus satélites, abogados especialistas en derecho laboral.
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