En un comunicado emitido por la Federación de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) donde se calificó al paro de colectivos de ayer martes, como “ilegítimo”, afirmaron que con respecto al año pasado, sufren una caída del 30% en la demanda de pasajeros, por lo que entre otras cuestiones, pidieron mayores controles, a las aplicaciones de transporte como Uber o Didi, más otras que funcionan en diferentes jurisdicciones, para proteger a quienes «generan empleo genuino y formal”.
La Federación de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a cámaras, federaciones y empresas del servicio público de pasajeros del interior del país, repudió enérgicamente la medida de fuerza dispuesta a nivel nacional por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), calificándola de “ilegítima” y denunciando graves perjuicios para millones de usuarios y empresas. La organización instó a las autoridades competentes a intervenir de forma urgente.
La federación advirtió que “la pérdida de ingresos del sector ocasionada por el ilegítimo paro viene a sumarse a un cúmulo de situaciones que han deteriorado gravemente la situación de las empresas prestadoras del interior del país”.
Al respecto, detalló que la actividad ya sufre una caída de la demanda de pasajeros de alrededor de un 30% respecto al mismo período del año anterior, y que a esto se suma la proliferación de «fenómenos de transportación irregulares» en todas las jurisdicciones provinciales y la desaparición del Fondo Compensador al Transporte.
En este contexto, FATAP considera “urgente atender la situación del sistema de transporte de pasajeros urbanos del interior del país, mediante una política integral, federal y equitativa”.
Dicha política debería, según la entidad, “permitir generar marcos previsibles para que las empresas recuperen el capital perdido a causa de años de desidia y arbitrariedad”. Este es, para la federación, el “único modo de garantizar a millones de compatriotas servicios sustentables, seguros y de calidad, prestados por empresas privadas que generan empleo genuino y formal”.
Finalmente, el comunicado subraya que este objetivo “solo podrá ser alcanzado mediante el respeto a los contratos de concesión, el imperio de la ley y la acción estatal que resulte necesaria para garantizar el derecho a trabajar y ejercer industria lícita garantizado por nuestra Constitución Nacional”.
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