El ambicioso proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional busca reconfigurar los cimientos de la relación entre empleadores y trabajadores, introduciendo cambios profundos en la legislación que rige en el país desde hace décadas. Aunque la iniciativa obtuvo dictamen en el Senado, la falta de consenso con los bloques aliados obligó a postergar su debate parlamentario hasta el 10 de febrero de 2026, lo que frustró la intención original de la senadora Patricia Bullrich de sancionar la norma antes del cierre del año legislativo. Este escenario abre un compás de espera sobre una serie de modificaciones que pretenden modernizar, y a la vez flexibilizar, el mercado de trabajo argentino.
En lo que respecta a la jornada laboral, el proyecto introduce la figura del «banco de horas», un mecanismo que permite distribuir el tiempo de trabajo de manera flexible a lo largo del año. Mientras que la Ley de Contrato de Trabajo actual establece un límite de 8 horas diarias y obliga a pagar recargos del 50% o 100% por horas suplementarias, la nueva propuesta habilita jornadas de hasta 12 horas mediante acuerdos individuales o colectivos. Bajo este esquema, el empleador y el trabajador podrían pactar por escrito la compensación de horas extras con francos o descansos futuros, eliminando la obligatoriedad del pago en efectivo de dichos adicionales en ciertos contextos.
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