El caso apunta al dictar una cautelar que frene el funcionamiento de Uber, Cabify y Didi en Mar del Plata. La Corte bonaerense debe definir dónde se tramitará.
La delegación Mar del Plata de la Federación Nacional de Conductores de Taxis busca en la Justicia el dictado de una medida cautelar que ordene frenar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte Uber, Cabify y DiDi que operan sin habilitación municipal, pero desde hace semanas la demanda se encuentra envuelta en una disputa interna del Poder Judicial: tanto un juzgado del fuero Civil, como uno del Laboral y otro del Contencioso Administrativo se declararon incompetentes para su tramitación. Ahora la Corte debe resolver quién se hará cargo del caso.
La demanda de la entidad que nuclea a un grupo de taxistas de Mar del Plata, encabezada por Miguel González, fue presentada a principios de abril y recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº9, a cargo de Guillermo Pocatino.
En esa demanda, básicamente, la entidad busca el dictado de una medida precautelar que ordene a las empresas Uber, Cabify y DiDi a “cesar en el desarrollo de la actividad en el ámbito del Partido de General Pueyrredon”.
En el escrito, los taxistas señalaron que las empresas brindan una “actividad lucrativa ya que cobra un porcentual del viaje al transportador” y reparan en que “no es ilegítimo per se que las demandadas brinden una aplicación para el transporte” sino que remarcan que “lo que está prohibido es que a través de ello se encubra un contrato de traslado oneroso que, necesaria y previamente, debe estar habilitado y reglamentado por la administración, conforme lo establece en el Partido de General Pueyrredon la 0rdenanza 23.928, vigente desde 2019″.
De esa manera, señalan que las tres firmas multinacionales “no cuentan con habilitación y/o permiso en Mar del Plata, por lo que su accionar deviene ilícito”. Y apuntan que operan “en desmedro de la fuente laboral” de la actividad habilitada ya que “sin contar con autorización alguna para funcionar, han procedido a registrar choferes y ofrecer la descarga gratuita de la aplicación para usar el servicio”.
» alt=»» aria-hidden=»true» />
Bajo esos argumentos es con los que se tramita la demanda, aunque por el momento no han llegado a ser analizados por la Justicia. Es que, en primer lugar, a fines de abril el juez Pocatino se declaró incompetente para intervenir en el caso y lo mandó al Tribunal de Trabajo N°4.
Sin embargo, desde allí también se declararon incompetentes al entender que en la demanda “no surge vinculación alguna de la materia reclamada con el fuero laboral, pues no se cuestionan prácticas que dificulten o atenten contra el ejercicio de derechos gremiales o que afecten los derechos de sus afiliados”.
Acerca del autor
