El intendente Guillermo Montenegro asistió hoy por la mañana a una audiencia de conciliación con representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, que lo denunció penalmente por la violencia ejercida en operativos contra personas en situación de calle o que trabajan como «trapitos»
«Es una denuncia que no termino de entender», enfatizó ante la prensa luego de salir del Palacio de Tribunales de Mar del Plata.
El jefe comunal reiteró que «nosotros defendemos a los marplatenses, al que labura y no a chorros. Me cuesta creer que tenga que estar enfrentando a burócratas de la provincia de Buenos Aires que cobran sueldos gracias a los vecinos».
Según pudo saber Infobrisas.com, por parte del organismo provincial participar Roberto Cipriano García y Rodrigo Pomares.
«Tengo una posición muy clara, que es la de defender a los marplatenses. Sé bien cuál es mi función en el Municipio. Nosotros tomamos de decisión de tener una actitud proactiva de defensa de los vecinos y del control espacio público», recalcó.
“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales”, indicaba la denuncia de la CPM y la APDH Mar del Plata.
Una política sostenida
«En 6 años de gestión nos fijamos una política de control y orden en el espacio público. Empezamos con lo que fue la Zona Roja, las tomas y lo vamos a seguir haciendo. También apuntamos a trapitos y fisuras que extorsionan a los vecinos», manifestó
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