En 2014, el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) -el mismo que investiga ahora el asesinato de Emanuel Márquez (23)- realizó un informe en el que evidenciaba, prácticamente, la misma situación caótica que generó un enfrentamiento entre recolectores.
Un informe realizado en 2014 por el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) -el mismo que investiga ahora el asesinato de Emanuel Márquez (23)– describió, prácticamente, la misma situación en la que se generó el enfrentamiento en el que la policía disparó contra un grupo de recolectores: marginalidad, trabajo insalubre, desorganización, caos y desesperación por acceder a la basura.
“El consumo de sustancias estupefacientes por parte de niños, jóvenes y adultos incide notoriamente en las condiciones laborales, vinculares y de seguridad en el denominado ‘Playón de Contingencia’, toda vez que se
generan permanentemente situaciones de violencia y disputas entre los individuos —y los distintos grupos— que allí conviven diariamente”. El párrafo es de 2014, pero podría perfectamente encajar en la actualidad en cuanto a la conflictividad, con la única diferencia que ahora se lo denomina “Playón Social” a esa área que funciona en el basural.
En 2014, el CATI fue hasta el basural para inspeccionar el lugar y realizar un informe, ya que se habían recibido una serie de denuncias sobre la conflictividad social en el predio y posibles delitos que se cometían allí, como la venta de estupefacientes. Los investigadores judiciales describieron la actividad que los recolectores hacían allí de manera muy simple y gráfica: personas que esperan a que los camiones de residuos descarguen sus contenidos, para revolver la basura, montañas de basura, en búsqueda de algo que pueda tener valor o que se pueda comer.
Los agentes del CATI explicaron que si bien en el lugar funcionaba (y funciona) un destacamento policial de la comisaría quinta, “los uniformados que allí se encuentran prácticamente avocados en un cien por ciento a la difícil y humanitaria tarea de prevenir probables accidentes, dado el continuo movimiento de camiones y máquinas retro-excavadoras entre la gran cantidad de gente que allí realiza actividades, en forma absolutamente desorganizada y caótica”.
Esas actividades “caóticas” fueron prácticamente como las que sucedieron el viernes, cuando un grupo de recolectores se quiso adelantar a otro y esto genero una confrontación, una revuelta, que al ser reprimida por la policía terminó con la muerte de Emanuel Márquez (23).
“Pudimos observar con nuestros propios ojos la llegada de camiones con residuos provenientes de supermercados o del puerto (a los que los lugareños, en razón de su contenido, denominan “especiales”) y como la gente literalmente se les abalanzaba, aún cuando estos estaban en movimiento y en pleno momento de descarga”, describía hace una década Javier Pettigiani, titular del CATI.
En estos tiempos, si bien existe un intento por ordenar ese apartado, siguen las diputas en los horarios de descarga. Pero además hay una novedad: los negocios dentro del predio son inocultables. Por ejemplo, están aquellos que controlan el traslado de residuos y rentan bolsones para que otros recicladores carguen lo que seleccionan.
Otro de los puntos que destacó aquel informe del CATI fue el “importante consumo de alcohol en el predio, que proviene mayoritariamente de los residuos que habitualmente son arrojados en el lugar, principalmente por medio del descarte de supermercados y grandes almacenes”.
Entre los aspectos más sensibles de 2014 se destacaba el del control de ingreso al predio por parte de las autoridades, por lo que accedían niños al lugar, quienes se encontraban en riesgo por las tareas que realizaban. Tras una década, es algo que sí ha cambiado, ya que el predio tiene unos paredones de hormigón y el acceso es controlado y no se permiten menores: de hecho las personas que ingresan habitualmente están censadas y son unas 550, que ingresan de entre 100 y 150 por día.
La investigación del CATI remarcó la “ausencia de servicios mínimos de seguridad, higiene y salud“.
Pasaron 10 años de este informe, tiempo en que el “Playón de Contingencia” pasó a llamarse “Playón Social” y que la Municipalidad pasó a tener una injerencia directa en lo que sucede en el predio, con equipos interdisciplinarios de trabajadores sociales que aspiran a mejorar las condiciones de interacción de los recicladores.
Desde el Municipio informaron que han evolucionado tanto la calidad como la infraestructura, como un área de descarga de residuos para que los recolectores no tengan que estar debajo de las máquinas y en situación de riesgo, la instalación de baños para hombres y mujeres, la construcción de un SUM para que puedan tener un sector de descanso, agua potable en el lugar, control de ingreso de las personas y la prohibición de que niños trabajen en el lugar.
Sin embargo, a pesar de las mejoras en el predio, la foto entre 2014 y 2024 tiene elementos similares: el conflicto social de quienes viven en los límites de la marginalidad y, en un contexto problemático, necesitan revolver la basura para sobrevivir.
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