La nueva ola de despidos en dependencias del Estado Nacional ya comienza a impactar en Mar del Plata: en las últimas horas, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) confirmó que no se renovaron 7 de los 18 contratos que seguían en vigencia en el CDR (Centro de Referencia) del ex Ministerio de Desarrollo Social que funciona en el Espacio Unzué.
En la primera tanda, ocurrida en marzo, cerca de 150 empleados públicos fueron despedidos en diversas áreas. Otros contratos fueron renovados, pero sólo por 3 meses; es decir, vencen al término de junio, por lo que en ATE anticipan más desvinculaciones a partir del próximo lunes, cuando comience julio. En total, estiman que hay cerca de 750 fuentes laborales en peligro.
Patricia Coronel, delegada de ATE y una de las despedidas en las últimas horas, señaló que el gremio está relevando otras áreas que fueron cerradas por el Gobierno Nacional donde los trabajadores aún no fueron echados. Por ejemplo, el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) o el ex Ministerio de Mujeres, entre otras.
“Un solo trabajador en la calle ya es una situación muy compleja. La mayoría tenemos más de 10 años de antigüedad”, señaló Coronel, que advirtió sobre más despidos.
“Si bien no se informaron más desvinculaciones, sabemos sobre la perversidad de este Gobierno, que viene a destruir el Estado. Es posible que los compañeros se enteren cuando quieran ingresar al sistema o cuando vayan a cobrar sus haberes y no les paguen”, planteó.
El lunes, a las 8.30, ATE realizará una asamblea en el Espacio Unzué (Santa Cruz 3571) y una concentración “en defensa” de los puestos de trabajo y de las políticas públicas. A las 10, habrá una conferencia de prensa para exponer la situación. Por el momento, están en evaluación las medidas de fuerza.
En Mar del Plata ya hubo despidos de estatales en áreas como el Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), la delegación local de la Secretaría de Trabajo, la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) y el Centro de Referencia del Ex Ministerio de Desarrollo Social.
El listado también incluye a Economía Social, la Base Naval, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), los hoteles Antártida y Tierra del Fuego -que pertenecen a la Armada Argentina- y la Unidad Turística de Chapadmalal.
Si bien no hay confirmaciones, entre las áreas donde podría haber nuevos despidos sobresalen aquellas vinculadas a la salud, como el Inareps (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur). U otras dependencias como el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).
A nivel local y en todo el país, las alarmas se prendieron luego de que el presidente Javier Milei anunciara a principios de este mes que iba a despedir a 50.000 empleados públicos más. En marzo, fueron echados cerca de 25.000 trabajadores en todo el territorio nacional.
En medio de la incertidumbre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó ayer la intención del Gobierno, aunque no dio cifras exactas.
“Todavía no está el número definitivo. Siempre dijimos que había un universo – en torno a los 70.000 contratos – que estaban en permanente revisión. De esos, había entendido que se habían contabilizado cerca de 23.000 que habían sido dados de baja y que el resto seguían en revisión permanente. El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.
Y concluyó: “De todas maneras, los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos, ya que lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer ningún tipo de error. Por supuesto que el objetivo acá no es que nadie se quede sin trabajo, sino que se queden los que efectivamente tienen una función válida, útil y que agregue valor. Los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”.
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