Tras la controversia por la ultima sucursal de la Cooperativa Obrera, se presentó un proyecto para eliminar la restricción un máximo de locales. Argumenta que atenta contra la libertad de comercio y la generación de nuevos puestos de trabajo.
Luego de la controversia que generó la apertura de la última sucursal del supermercado Cooperativa Obrera, se presentó una proyecto para eliminar la restricción a un máximo de locales por empresa.
El proyecto de ordenanza del concejal del interbloque oficialista, Guido García, busca modificar las limitaciones que plantea el artículo 3 de la ordenanza N° 18.788 que “regula la habilitación de los establecimientos que pretendan desarrollar actividades comerciales dirigidas a la venta de productos alimenticios, ya sea de manera mayorista o minorista, comúnmente conocidos como supermercados”.
El proyecto busca eliminar la restricción referida al número máximo de locales por cadena de distribución, que hoy prevé la habilitación de hasta tres establecimientos.
Semanas atrás, la Cooperativa Obrera inauguró su quinta sucursal lo que generó el rechazo de la UCIP y presentaciones judiciales.
García señaló que hay “una clara necesidad de actualizar una ordenanza restrictiva para la generación de grandes inversiones y empleo para el municipio, por lo que vemos oportuno adaptarse legislativamente al desarrollo que viene manteniendo la región, a un ritmo acelerado y que nos interpela a flexibilizar las normativas para que lleguen a nuestra ciudad nuevos emprendimientos comerciales y amplíen la posibilidad de las que ya operan actualmente”.
Con la adhesión de su compañera de bloque, Angélica González, el proyecto de la Coalición Cívica propone eliminar el artículo n° 3 (el que hace referencia al límite de habilitaciones) y el n° 4 que establece una zonificación que condiciona la radicación de las cadenas de distribución.
Asimismo, el proyecto modifica los artículos n°8 y n°9, respecto a la preservación de la producción local, permitiendo la habilitación provisoria de hasta un año para el inicio de las actividades del establecimiento comercial. Según la nueva redacción del artículo 9, “durante el mencionado período, el establecimiento deberá cumplir con los requisitos establecidos para obtener la habilitación definitiva. Este plazo podrá ser prorrogado por única vez, por igual término, mediante resolución fundada que justifique la necesidad de la extensión”.
García explicó que “creemos que la libertad y la competencia son beneficiosas para los consumidores, y nuestra Constitución Nacional consagra estos principios”. “Vemos que la Ordenanza Municipal Nº 18.788, basada en la Ley Provincial 12.573 que regula las grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, va en contra de esa libertad, perjudican y obstruyen el desarrollo de la Región. Son normas muy restrictivas y es imperiosa la necesidad de rever su redacción para flexibilizar y adaptarnos a la realidad del comercio actual. Donde limitamos por ordenanza las tiendas físicas, pero el comercio electrónico fluye sin restricciones, violando el principio de igualdad ante la ley. Esta norma es mala y anacrónica”, cuestionó Guido García.
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