En el marco de la denuncia penal por fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público que presentó días pasados el intendente electo de Paraná, Adán Bahl, contra la actual gestión municipal, los fiscales auxiliares Paola Farinó y Franco Bongiovani solicitaron a la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, “tenga a bien remitir copia certificada de las Ordenanzas N°9615 y N°9878, en sus versiones originales, y todas sus modificaciones».
Vale recordar que la Ordenanza N°9878 es la que declara el estado de Emergencia Administrativa, Económica y Financiera de la Municipalidad de Paraná y la N°9615 autoriza al Ejecutivo municipal a concretar operaciones de crédito o financiamiento con el Gobierno provincial, por un monto superior a los siete millones de dólares. El destino es la inversión de bienes de capital u obras y servicios públicos de infraestructura.
Asimismo, se le pidió a Etienot “informar si ese organismo que preside ha dispuesto modificaciones al Presupuesto General de la Administración Municipal 2019, sancionado mediante Ordenanza N°9803, en lo relativo al rubro Gastos en concepto de Personal”.
Los fiscales solicitan además “remitir copia certificada del Diario y Acta de la sesión del Concejo Deliberante llevada a cabo en fecha 10 de octubre de 2019 y así también, en formato que considere idóneo, la videograbación de la misma”.
“Asimismo, en torno a la Ordenanza de emergencia que se habría aprobado en dicha sesión, interesa se remita copia certificada de los documentos consistentes en: a) dictámenes de comisión vinculados a la misma; b) antecedentes en los que se fundó; c) fecha en que se le dio ingreso; d) fecha en que fue remitida al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación; en consonancia, de contar con el expediente al que hubiera dado origen el proyecto que culminara en la ordenanza en cuestión, solicito remita copia certificada del mismo”, plantearon los fiscales en su escrito, fechado el 31 de octubre.
La presidente del cuerpo legislativo local y viceintendenta, tiene un plazo de siete días para responder a los requerimientos de la Justicia.
